Entrevista a Ricardo Bellagio, Superintendente de Servicios de Salud

Ricardo Bellagio | Foto: Sebastián

Es la máxima autoridad del ente encargado de supervisar, fiscalizar y controlar el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguros de Salud de la Argentina, comprendido por nada más y nada menos que 300 Obras Sociales Sindicales y una población beneficiaria de casi 15.000.000 de personas.

Asumió sus funciones hace poco más de 80 días y en un clima bastante enrarecido luego de que su antecesor, el Dr. Juan Rinaldi, renunciara al cargo que -según trascendidos- tuvo que abandonar por encontrarse sin el respaldo de la Casa Rosada y por expreso pedido de Hugo Moyano, quien venía padeciendo la impronta investigativa que Rinaldi le diera a su gestión.

Sin tiempo para terminar de acomodarse en su nuevo sillón, Bellagio también debió afrontar el escándalo de “la mafia de los medicamentos” y la intervención de la Bancaria, obra social bajo la órbita de la Superintendencia. Asimismo, y como si esto fuera poco, en los próximos meses deberá comandar el ala de la campaña de prevención que las obras sociales llevarán adelante para combatir el rebrote del dengue, enfermedad que el pasado semestre provocó, entre otras cosas, 26.000 infectados, 5 muertos y el debilitamiento político de dos ministras de salud, una Provincial y otra Nacional, que finalmente debieron renunciar a sus cargos.

¿Cómo será su gestión?, ¿qué medidas planea implementar para transparentar la devaluada imagen de las obras sociales?, ¿cómo es su relación con el poder político y sindical?, ¿impulsará una ley para regular las prepagas? Todo esto lo cuenta en una entrevista exclusiva para Tardes Grises.

- Recientemente la Superintendencia lanzó la campaña de prevención del dengue, ¿en qué consiste?

- La campaña que se inició tiene por objetivo evaluar en que estado se encuentra toda la red sanitaria de la seguridad social en cada una de las jurisdicciones del norte del país, donde tuvo una mayor incidencia el dengue. Estamos tratando de verificar el estado de la cobertura preventiva y de asistencia médica de nuestros beneficiarios de obras sociales. Esto no significa que vamos a llevar funguicida, sino que la idea es ver si las obras sociales están preparadas para contener la demanda de sus beneficiarios. Queremos que los beneficiarios tengan en claro adonde deben dirigirse ante cualquier inconveniente.

- ¿Y con qué situación se encontraron?

- Hemos visto que en el Chaco, desde las obras sociales que están en el sistema hasta las Intendencias, todos están trabajando, sin embargo lo más importante es la concientización de la población para prevenir esta enfermedad. Por eso, hemos entregado una gran cantidad de folletos y hemos ido a las casas de los beneficiarios para ver si conocían donde se tenían que atender. Les preguntamos cuales eran sus dudas respecto al dengue y a partir de eso realizamos encuestas que esta misma semana procesaremos y entregaremos a cada una de las obras sociales de la zona para que tomen las medidas del caso.

- El último brote de dengue fue histórico, se llegaron a registrar -según datos del Ministerio de Salud- 26 mil casos y 5 muertes en todo el país. ¿Cree que se pueda bajar esta cifra?

- Mirá, en términos generales, los especialistas calculan que la incidencia del dengue va a ser menor al 20% de la cifra que vos mencionaste. Es muy importante controlar los cambios de cepas. En la Argentina, los casos que se registraron correspondieron a la cepa 1 y a la 3. Ahora esas personas que fueron picadas por el mosquito adquirieron una inmunidad, sin embargo, si estas mismas personas llegaran a ser infectadas con una cepa 4, podrían aparecer complicaciones de dengue hemorrágico. Entonces es muy importante que en nuestro país haya controles de los vectores que pudieran introducirse por países limítrofes.

- Cuando a principios de año estalló el brote del dengue aparecieron los vivos de siempre que aprovecharon para elevar los precios de los repelentes. Esto imposibilitó que las familias más pobres pudieran adquirirlo y utilizarlo varias veces al día como se aconsejaba por los medios de comunicación. ¿Se piensa articular alguna medida con otro ministerio para evitar que esto vuelva a ocurrir?

- Bueno, con la gente de las obras sociales de la zona hemos interpretado que el beneficiario del sistema debe acceder gratuitamente a cuestiones que son mínimas para la prevención: un repelente vale mucho menos que tener una persona internada 48 horas en un nosocomio. Y la verdad que las obras sociales entendieron esto y están con ese objetivo, de ayudar al beneficiario. Ahora bien, con respecto a tu pregunta sobre los vivos de siempre, que aumentan los precios de los productos igual que lo hicieron con el alcohol en gel durante la gripe de Influenza H1N1, es algo inescrupuloso pero lamentablemente es digno de nuestra cultura, también.

- Uno conoce por familiares o amigos que los beneficiarios de prepagas se encuentran muy disconformes con el sistema privado no sólo por los aumentos de sus cuotas, que son continuos, sino también por no contar con un lugar para reclamar por sus derechos más allá de la vía judicial o la Defensoría del Consumidor. ¿Usted está interesado en impulsar una ley para que la Superintendencia también regule el sistema de salud privado?

- En realidad hay un proyecto de ley que impulsó la Diputada Vaca Narvaja que tiene media sanción en Diputados y falta que sea tratado por el Senado antes de diciembre, de lo contrario caducaría como proyecto. Nuestra idea es modificar ese proyecto porque queremos incluir a los beneficiarios que están excluidos del sistema: autónomos y otros de subsistemas provinciales. Lo que sucede es que las empresas de medicina prepaga entraron a nuestro sistema hace varios años y hoy se encuentran incorporadas, y esto nos hace ver que no sólo debemos regular a las obras sociales sino también a las empresas de medicina prepaga. Queremos que haya una sola institución de aplicación y que esa institución sea la Superintendencia.

- ¿Cree que el congreso podría tratar la ley este mismo año? Habrá mucha pelea, hay intereses económicos muy grandes de por medio

- Nosotros le realizaremos las modificaciones que creemos convenientes para poder impulsarlo a fines de noviembre. Entiendo lo que vos decís y comparto que no va a ser fácil, pero tampoco va a ser fácil que salga sin nuestras modificaciones, pero bueno, es un desafío porque entendemos que no podemos tener beneficiarios por fuera del sistema cuando tienen los derechos y obligaciones de un sistema que es solidario. Hoy, ese sistema privado no es solidario.

- ¿Tiene idea de cuantas personas se incorporarían al sistema nacional bajo la órbita de la Superintendencia si se aprobara la ley?

- Estamos hablando de casi 3.000.000 de beneficiarios, de los cuales una parte están dentro nuestro sistema pero también en el de ellos. Es decir, los nuevos beneficiarios que entrarían al sistema -contando a los autónomos- serian unos 2.000.000.

- ¿Cuál es su evaluación de las sanciones que la Superintendencia implementa sobre las Obras Sociales cuando estas incumplen con las prestaciones? ¿Las multas son efectivas?

- Las multas son un tipo de sanción que la Superintendencia tiene para sancionar a una Obra Social. En los medios se habla mucho sobre la cantidad de multas que tenia tal o cual gestión. Yo pienso que las multas por si solas no son un indicador bueno, a mi no me interesa multar a las obras sociales, a mi me interesa que cumplan con las prestaciones que se les impone. Si yo estoy multando es porque ellos no están cumpliendo. Y a veces a la obra social le interesa mucho más que la multen porque es diez veces más barato. Por eso, estamos proyectando un decreto donde no sólo se multe a la obras social por débito automático sino que además -también por débito – se le debite el costo de la prestación que va a estar a cargo de otra obra social para satisfacer las necesidades del beneficiario. Esto es importante porque de esta manera muchos expedientes o trámites van a tener una satisfacción más rápida desde el punto de vista prestacional.

- O sea que si o si van a tener que cumplir

- Claro, el nuevo sistema de multas buscará que la obra social tenga que cumplir en tiempo y forma con el beneficiario. De otra manera, el proceso sancionatorio a veces tarda meses y la prestación nunca se cumple, y en ocasiones tampoco se cumple después de que se la sanciona.

-¿Cuántos reclamos de beneficiarios llegan a la Superintendencia mensualmente?

- Hay casos que son, digamos, estacionales, como por ejemplo los casos de Bancarios que desde enero hasta la fecha hubo más de 180 reclamos. Son casos especiales. Pero hay indicadores que marcan que los reclamos siguen una línea referida a la actividad. Hay obras sociales de actividades con mayor educación o instrucción de las cuales nos llegan la mayor cantidad de reclamos, en cambio, recibimos menos quejas cuando la instrucción del beneficiario es menor. Esto nos lleva a pensar que debemos implementar otros mecanismos de llegada. A la Superintendencia la conoce un 19% de la población, y dentro de ese porcentaje la mayoría está concentrada en Capital y el Gran Buenos Aires, y esto es muy poco.

- Recientemente usted ha dictado dos resoluciones muy importantes, una referida a mayores controles en los traspasos y otra que tiene que ver con la continuidad de los tratamientos en los mismos prestadores. ¿De qué se tratan?

- Yo soy un hombre de la casa y mi desafío es profesionalizar y tecnificar la Superintendencia. Para esto, hemos traído gente que puede dar su valor agregado además de, por supuesto, toda la ayuda que pueda darnos la gente que ya viene trabajando en este organismo. Esas dos resoluciones fueron consecuencia de algo con lo que tuve que lidiar desde el primer momento cuando a mi despacho llegaban por día unas diez denuncias penales por falsificación de firma. Eso me dio la sensación de que había muchos promotores con padrones dando vueltas por la Argentina, vulnerando a personas que muchas veces no saben lo que le están haciendo. Fue una resolución difícil porque fue muy combatida por algunas obras sociales, pero bueno, ya llevamos un mes de implementación y ya no tenemos tantas quejas. Por otro lado, sacamos la resolución 1025, que responde a una medida que se tomó a raíz de las recepciones de llamadas que tenemos desde nuestro centro de atención telefónico. Los beneficiarios se quejaban mucho sobre el cambio de prestadores cuando se encontraban en pleno tratamiento. Y esto provocaba que muchas veces se abandonaran esos tratamientos. Entonces, nuestra resolución establece que los cambios de prestadores que la obra social quiera realizar deban producirse luego de que el beneficiario termine con su tratamiento.

- Hay beneficiarios de obras sociales del interior que no se encuentran en el sistema nacional y desearían estarlo porque suponen una mayor cobertura. ¿Usted tiene pensado hacer algo con esa población?

- Si, lo acabo de decir hace pocos minutos en la VI Conferencia de Salud que se llevo a cabo en el Hotel NH. Nuestra idea -como te lo dije también con el proyecto de ley de medicina prepaga- es incorporar beneficiarios que estén en la seguridad social pero no bajo la órbita de la Superintendencia (NdR: Provinciales, Universitarias, del Poder Judicial, Fuerzas Armadas, de Seguridad, del Poder Legislativo, etc.) porque entendemos que nuestro sistema es el único bueno y solidario que existe en el país. Por lo tanto queremos instrumentar canales efectivos, interesantes y sobre todo prácticos en cuanto a su incorporación. En ese sentido, vamos a tener que trabajar mucho con el tema de aportes y contribuciones y, desde la Subgerencia de Informática, con la unificación de aportes desde diferentes subsectores. Si hacemos eso vas a ver como la gente del interior del país va a querés optar por una obra social nacional, pero para eso -como te dije- hay que darle las posibilidades prácticas, no teóricas.

- He leído que usted se define como un técnico. Sin embargo hoy comanda un organismo que históricamente ha tenido un alto grado de relación con la política, sin ir más lejos el despacho que usted ocupa también fue ocupado por Héctor Capaccioli, quien es señalado como uno de los recaudadores de la campaña de la entonces candidata presidencial, Cristina Fernández. ¿Cómo es su relación con el poder político y el sindical? ¿Se ha sentido condicionado en algún momento?

- Me defino como un técnico porque no tengo carrera política. Obviamente uno siempre tiene que tener una visión política de las situaciones que vienen añadidas al cargo que se ocupa. Pero mi vinculación con el sistema no viene de ahora, sino de hace varios años y por eso a los referentes sindicales los conozco a todos, por haber caminado treinta años en esta casa. Sin embargo no tengo un acercamiento político en particular con nadie. Mi relación política tiene que ver con el Ministro de Salud, Juan Manzur, que fue quien me propuso este cargo.

- Entonces hasta el momento se ha sentido en plena libertad de acción

- Si, no tuve ningún condicionamiento, si es eso lo que me querés preguntar. La verdad es que tuve toda la libertad y ninguna presión más allá del momento en el que me toco llegar acá. Yo asumí en un contexto no muy bueno porque ni bien llegué tuve que lidiar con la paritaria de Sanidad y a las dos semanas salió el tema de la Bancaria. Es decir que no tuve tiempo para pensar si sufrí o no presiones.

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- Hay mucha incertidumbre en la población debido al escándalo de los remedios adulterados, sobre todo de los grupos más vulnerables. Usted, como Superintendente a cargo del organismo que regula y controla el Sistema de Seguros de Salud, ¿Qué tiene para decirle a esas personas que ahora dudan de los remedios que les provee la obra social?, ¿cómo se las tranquiliza en estos momentos?

- Bueno, tranquilizar nunca se puede tranquilizar a alguien que piensa que los fármacos que se le han suministrado no le han hecho efecto. Uno trata de llevar calma a través de la información, siendo transparentes y brindando la posibilidad de que puedan consultarnos, por ejemplo, a través de nuestra página o de nuestro centro de atención personalizado o nuestra línea gratuita de atención telefónica.

- ¿Qué acciones se han tomado con este tema?

- Hemos dictado una resolución, que es la 934, en la cual le pedimos a todas las obras sociales que nos informen sobre los protocolos y los laboratorios donde han comprado la medicación para tratar todos aquellos casos de Oncología, Hemofilia y HIV desde el 2006 a la fecha. Y hasta el momento tenemos en nuestra Subgerencia de Informática más de 40.000 registros sobre esta información. Analizaremos estos registros descartando aquellos que estén con protocolo. Luego, en los casos que tuvieran alguna relación con las droguerías denunciadas, vamos a mandar esa información tanto al ANMAT para que verifique los lotes de esos medicamentos, así como también al tribunal que investiga la causa.

- ¿Según esos registros cuantas obras sociales habrían trabajado con estas dos droguerías, San Javier y Multipharma?

- Nosotros manejamos tres fuentes de información para que no se nos escape nada: nuestra Subgerencia Prestacional, el APE y las obras sociales. El resultado indica que son 20 obras sociales las que han trabajado con estas droguerías. Pero ahí no termina esto, puede ser que alguna obra social haya comprado medicamentos sin tener contrato con estas droguerías, entonces nosotros estimamos que puede haber alguna más.

- El juez Oyarbide ha dicho que la de los medicamentos es una “Megacausa como nunca había ocurrido en la Argentina”. ¿Por qué se ha llegado a este punto, que controles fallaron?

- En términos generales la seguridad social tiene controles buenos, fijate que hay controles farmacéuticos de los laboratorios, el ANMAT, los controles en las obras sociales en las cuales sus auditores y sus médicos ponen la firma. Lo que pasó con la adulteración de los medicamentos es un hecho netamente ilícito que no se puede calificar. Esto tuvo que haber pasado por varias manos, desde la fabricación hasta quien se la suministro a un paciente determinado, este tipo de fraude tuvo que haber tenido la complicidad de los profesionales de las instituciones, con lo cual es un ilícito aberrante.

Ricardo Bellagio | Foto: Sebastián

- Si bien la Superintendencia no tiene en sus funciones el control sobre las droguerías y laboratorios proveedores de las Obras Sociales, ¿a partir de lo ocurrido se está pensando en alguna medida, quizá en conjunto con el ministerio de salud?

- Hace unos años hubo una resolución mediante la cual se debían registrar las farmacias o los que expendieran medicamentos a las obras sociales. Nosotros estamos analizando, juntamente con las cámaras y asociaciones farmacéuticas, la implementación de un registro que ayude a tener controles específicos sobre el suministro de medicamentos y fármacos a la población de la seguridad social. Pero con esto solo no se llega a satisfacer estas cosas. Necesitamos responsables en cada una de las entidades sobre el manejo de estos medicamentos. Entonces estamos trabajando en ver como regular primero este tipo de responsabilidad individual que las obras sociales tengan sobre las droguerías y los laboratorios.

- El año pasado, en un programa de televisión, el entonces Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, señaló que le resultaba preocupante la gran cantidad de denuncias recibidas en la Superintendencia por parte de beneficiarios de la Bancaria, con lo cual se iban a tomar las medidas correctivas del caso. Usted participó de esa gestión como gerente de Económico Financiero, ¿me podría decir en qué consistían esas denuncias y qué medidas se tomaron en aquel entonces?

- Si, pero antes que nada me gustaría hacerte una aclaración, yo trabajé con Capaccioli porque como te dije soy una persona de la casa, de la misma manera también me tocó trabajar con Rinaldi, con Torres, trabajé con todos los Superintendentes y en distintos cargos. En cuanto a tu pregunta, no sé cuales son exactamente las medidas que se tomaron. Ocurre que la visión de un Superintendente es integral, totalmente distinta a la visión que pueda tener un gerente o un empleado. Sin embargo, puedo responderte desde el rol de gerente que tuve en ese momento. A mi me tocó analizar el plan de contingencia de la obra social e hice un informe – que a su vez también fue reproducido por un informe del Ministerio de Salud, manejado en ese entonces por Graciela Ocaña- en el cual expuse que el plan de la Bancaria era inviable y, además, destaqué que si la gestión actual de esa obra social iba a ejecutar un plan de reconversión sucedería lo mismo. Bueno, ese informe de Julio de 2008 fue el hecho puntual por el cual se rechazó el plan y tuvieron que hacer el fideicomiso que fue aprobado no por la Superintendencia sino por la Justicia.

- La semana pasada renunció el Gerente General del APE y en esa misma semana Oyarbide ordena el allanamiento de ese organismo para buscar información sobre los medicamentos. Asimismo, ese organismo viene siendo cuestionado por la distribución de los fondos. ¿Cual es su mirada respecto a los controles que realiza el APE en los reintegros y la distribución de los fondos a las obras sociales?

- Es algo que no me compete, pero igual te voy a dar mi opinión personal. El APE es una escisión de la Superintendencia porque antes formaba parte de lo que era el ANSSAL (Administración Nacional del Seguros de Salud), que reunía las funciones del APE y las de la actual Superintendencia. La separación fue producto de una observación que en su momento hizo el Banco Mundial cuando dijo que el que otorgaba subsidios, es decir, el que financiaba determinadas prestaciones, no podía controlar al mismo tiempo. Como vos decís, la semana pasa ha renunciado el Dr. Hugo Sola, y esto ha traído aparejado que el APE hoy se encuentre sin autoridades. Yo creo que es inminente el nombramiento de un funcionario pues es mucha la urgencia que tienen las obras sociales para financiar los gastos que ya han tenido con los programas especiales, hay muchos trámites parados esperando el dirigenciamiento de esos fondos.

- Entonces usted no sería partidario de que el APE fuera absorbido por la Superintendencia

- No, en principio no. Igual no es una decisión mía.

- ¿Y en cuanto a como el APE distribuye los fondos? Se ha dicho, por ejemplo, que en los últimos años la obra social de Camioneros ha tenido un incremento de casi 700%

- Bueno, hay muchos datos que se dicen o que se tiran, sin embargo, lo mejor que se puede hacer es comunicar, y comunicar bien. Por ejemplo, ni bien comencé con este cargo le pedí a la Subgerencia de Informática que suba a la página Web los subsidios del SANO (Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales). Hoy, si entrás a la página nuestra y vas al link de estadísticas vas a poder ver por cada obra social los subsidios que han recibido. Con lo cual, creo que esto es lo que tendría que hacer el APE, transparentar la información. ¿Por qué podemos hacerlo nosotros y no los demás?, esto es muy importante.

- La gestión de su antecesor en el cargo, el Dr. Rinaldi, se caracterizó por su impronta investigativa en el orden interno del la Superintendencia y en el externo con las obras sociales. ¿Usted continuará por esta línea?, ¿Cómo considera la gestión de Rinaldi?

- La visión de Rinaldi era, tal vez, una visión necesaria para los tiempos que estaban aconteciendo. Es decir, la Superintendencia fue cuestionada -y es cuestionada- por muchas de las cosas de las que estamos hablando ahora. Además, a eso hay que sumarle que estamos inmersos en muchas causas judiciales que, si bien no es en forma personal hacia alguno de nosotros, apuntan hacia la Superintendencia o gente que ha pasado por la Superintendencia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es transparentar nuestros actos y para eso he llamado a las ONGs “Poder Ciudadano”, “CIPPEC” y “ACIJ”. Ellos nos han dado una propuesta que tendremos que analizar y que consiste en un ejercicio de transparencia de los actos de la Superintendencia. Esto no significa validar mi gestión, sino ayudar a que la Superintendencia tenga confiabilidad en la gente. Por otro lado, internamente, yo no soy partidario de hacer cambios drásticos porque eso a veces impone ser injusto con las personas. Los cambios que haya que hacer se harán en a medida que avancemos. Estos cambios son netamente operativos y tienen que ver con la funcionalidad y operatividad de cada una de las áreas, quiero concientizar al personal, quiero que vuelva la cultura del trabajo y que cada lugar ocupado sea para trabajar.

Y en cuanto a la parte externa, quiero que cada acto nuestro tenga fundamentación, que no sean actos espontáneos y esporádicos, sino que tengan continuidad y suficiente justificación.

- ¿Entonces calificaría como buena la gestión de Rinaldi?

- No puedo irme a un lado ni a otro, no puedo decir que es mala o buena porque no la conozco a fondo y recién ahora estamos relevándola, y tampoco soy yo el que tiene que calificar a un par. Pero hay una realidad, tuvo poco tiempo para realizar una gestión.

- Una última pregunta, ¿Cómo le gustaría que fuera recodada su gestión?

- Es una pregunta futurista la tuya… No sé. Lo que si me gustaría es tener una buena gestión, me quisiera ir de acá con un sabor dulce, no con un sabor amargo. ¿Y por qué? Porque como lo dije al comienzo, no soy un político y quiero mucho a esta institución. Siempre me ha dolido ver el nombre de este organismo vapuleado en los diarios y con algunas personas que han intervenido en esta Superintendencia… Mi idea es que se vea que no todos los que hemos pasado por el cargo tenemos esa cultura negativa. La mayoría de los que trabajan acá quieren a la Superintendencia, entonces me parece que tenemos que fortalecer ese sentimiento de pertenencia y aprovechar esta oportunidad. Al finalizar mi gestión, espero que se haya recuperado el rol regulador y controlador del organismo, aumentado las competencias humanas y técnicas de sus recursos humanos, los mismos que posibilitaron que un empleado de carrera como fui en el antiguo INOS, acceda por primera vez al puesto de mayor responsabilidad en la Superintendencia luego de recorrer todo el escalafón de la administración pública.

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